Este proyecto consiste en detectar enriquecimiento ilícito en los funcionarios y servidores públicos a partir de los cruces de información entre las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas que realizan los servidores públicos todos los años en los sistemas de La Contraloría, con bases de datos de datos de las demás instituciones públicas como la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, La Superintendencia de Banca y Seguros, La Superintendencia de Migraciones, La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, el Ministerio de Economía, El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

Para este proyecto se necesita primero impulsar la promulgación de una ley que otorga la facultad a la Contraloría General de la República del Perú de tener acceso irrestricto, masivo y gratuito a todas las bases de datos del Estado Peruano, Ley que fué promulgada en abril del año 2018.

El segundo paso consiste en iniciar las coordinaciones con las instituciones públicas que administran bases de datos con información crítica para la detección de incremento patrimonial no justificado en los funcionarios públicos, entidades como: Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Superintendencia Nacional de Migraciones, Registro Nacional de Identidades y Estado Civil, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Economía, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, entre otras.

El tercer paso es limpiar la data y armar cubos de información de manera quel el sistema de inteligencia artificial pueda consultar esas bases de datos en forma eficiente.

El cuarto paso es diseñar el sistema de Inteligencia artificial (IA) para que imite el proceso de investigación que seguimos en la Subgerencia de Fiscalización Patrimonial para detectar el desbalance Patrimonial. Esto es el corazón del sistema de IA.

Primero se verifica que la información del patrimonio del funcionario público contenida en su declaración jurada sea igual a la que posee los registros públicos, si existen diferencias se activan alarmas de anomalías, el análisis continúa ampliando el espectro de personas relacionadas con el funcionario, como su esposa, hijos, amigos o personas realizaron operaciones bancarias sospechosas (tenemos acceso a operaciones bancarias activas y neutras), por ejemplo la cancelación repentina de un prestamo hipotecario con una gran suma de dinero, compra de casas y coches a precios subvaluados, frecuentes viajes al exterior de la familia, el envío de remesas dinero al exterior, actualmente se diseñaron hasta 27 alarmas que activan anomalías en transacciones comerciales y financieras.

El sistema dibuja un diagrama de relaciones entre el funcionario y las personas instaladas a partir de estas transacciones, los analistas de fiscalización patrimonial interactúan con el sistema alimentando con información adicional de análisis y finalmente se elabora un proyecto de informe que es completado por el analista de fiscalización patrimonial. Este informe es enviado al Procurador que inicia el proceso judicial, con los resultados de los procesos judiciales se retroalimenta al sistema para que evalúe sus alarmas de anomalías y mejore sus procesos internos de detección de desbalance patrimonial.